Lo habitual en el PSOE es que los líderes de este partido no asuman nunca la responsabilidad de los hechos aunque todos los indicios apunten a ellos.
Ocurrió con el GAL, esa atrocidad que puso a los ciudadanos al nivel de los terroristas. El entonces líder acompañó a los condenados hasta la misma puerta de la cárcel, y se quedó fuera. Si no hubiera tenido nada que ver, el caso le tenía que haber horrorizado, pero los arropó emocionalmente acompañándolos hasta la cárcel.
En el caso Ábalos ocurre algo parecido. Esa lamentable ministra, o vicepresidenta, o portavoz, o lo que sea -de lo que estoy seguro es de que es lamentable-, de verbo atropellado y torpe, lo insta a que asuma todas las culpas, exonerando con ello al gabinete del que ella forma parte.
Esta pretensión gubernamental choca con dos muros. El primero de ellos es que no parece Ábalos predispuesto a complacerla. Además, si el prófugo de Waterloo es recompensado por unos ‘servicios’, el propio Ábalos también querrá que se le retribuya por los prestados por él.
El segundo y más importante muro es el de los hechos y la justicia. Es decir, en el caso de Ábalos asumiera toda la culpa, es posible que los votantes socialistas se conformaran, pero los demás no. Y los socios de gobierno apretarían el nudo de la soga con la que tienen cogido al PSOE.
Y están los jueces, que querrán llegar hasta el final, como es lógico y necesario. Ahora tienen el respaldo de la UE, además, que no verá con buenos ojos ninguna presión que se les quiera hacer.
El caso Ábalos salpica a todo el gobierno, y más pronto o más tarde, sus componentes al completo tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Esto quizá alegre a Puigdemont, que verá que no solo sobre él recae el peligro de ir a la cárcel.
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