El mayor error de la Ley Fundamental es el del planteamiento. Debería haberse abordado pensando en el porvenir y en el bienestar de los ciudadanos. En lugar de eso, se optó por tener presente el pasado, otorgando derechos de pernada que en los tiempos actuales no tienen sentido, y atendiendo los intereses de los partidos y al deseo de los constituyentes de creerse, no de ser, más demócratas que nadie y más compasivos con los delincuentes. Estando ETA descartaron la cadena perpetua. O sea, muchos miramientos con los delincuentes, sobre todo con los peores, y pocos con los ciudadanos.
Pero quería referirme a otro tipo de errores. En el libro ‘1978. El año en que España cambió de piel’ hay una relación no exhaustiva de ellos.
Añadiré algunos más. Aparte de que para ser diputado habría que pasar un examen de cultura general, otro de conocimiento de la Constitución y algunas nociones básicas de Derecho, y presentar cada cierto tiempo un certificado de salud mental, hay otro que a la vista de las manifestaciones de muchos de ellos parece muy necesario: Habría que exigir un cociente de inteligencia mínimo. Creo que hay bastantes rufianes, oteguis, belarras, matutes, etcétera, que no llegan.
Poner el rumbo de la nación en manos de personas incapaces de distinguir una sardina de una silla, es más que peligroso. Si además tenemos en cuenta que el propio presidente del gobierno tampoco es ninguna lumbrera y además está dominado por sus obsesiones, la ruina de la nación es inesquivable.
A algunos ministros cabe suponerles talento, pero intentan disimularlo todo lo que pueden, quizá para no despertar la envidia del jefe.
El nivel intelectual de la clase política del presente es el más bajo de los últimos quince decenios al menos. Esto tampoco lo previeron -preveyeron, diría el presidente- los padres de la Constitución, que creyeron que habían hecho una obra magna, con lo que demostraron su irresponsabilidad.
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