La noticia la dan varios medios. Ocurrió en 2018 en La Carolina. Un jurado, ese invento nefasto que no debió llegar a España, ha declarado culpable a un anciano cuyas facultades físicas dejan mucho que desear por haber matado a un intruso, armado, que entró en su casa para robar.
Nacho Abad explica en El Debate los pormenores del caso y la duda suscita conocerlos es si el jurado lo tuvo en cuenta. No diré nada del Ministerio Fiscal.
El hecho de que el Estado prohíba el uso de armas para defenderse, o le ponga grandes limitaciones, le obliga moralmente a asumir la defensa de los ciudadanos que están dentro de la ley. Eso significa que uno o varios de los que están fuera de la ley accedan a un propiedad privada es que el Estado no ha cumplido con su obligación, ha fracasado. Ha de entender, pues, que quienes están en su propiedad han de defenderse como buenamente puedan. Ni proporcionalidad en la defensa, ni gaitas. Quienes han irrumpido en donde no debían no tienen ningún derecho, moralmente, ni siquiera a la vida, mientras permanezcan en el lugar. Lo único que tendrían que demostrar luego los asaltados es que no habían invitado, ni dado permiso para entrar, a los delincuentes. En el caso citado no era necesario demostrar nada, puesto que es evidente que el asaltante entró en la casa sin el permiso del dueño.
El legislador, en su pernicioso afán de demostrar que tiene buen corazón y que comprende que los delincuentes a menudo lo son por sus circunstancias personales, olvida que su misión es proteger a quienes cumplen la ley de quienes no lo hacen. Y que todas las medidas encaminadas a no ensañarse con los delincuentes han de tomarse sin menoscabar ni un ápice, ni desproteger a quienes cumplen la ley.
El legislador viene demostrando una y otra vez que dispone de un columpio y de un patín. Unos días se columpia y otros patina.
Esos libros míos
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